Los ministros de transportes de la UE revisan la normativa sobre la Euroviñeta

Los Estados consideran que es una competencia nacional decidir qué clase de vehículos se verán afectados por la directiva.

Los ministros de Transporte de la Unión Europea, reunidos el pasado jueves 6 de junio en Luxemburgo, han hecho balance de los avances realizados en una serie de dossiers, destacando la revisión de la normativa sobre tarificación vial, también conocida como Euroviñeta, según ha informado Confebús.

En lo que respecta a los autobuses, la mayoría de los Estados han pedido que sea opcional para los países incluirlos dentro del alcance de la directiva o no. Los Estados consideran que es una competencia nacional decidir qué clase de vehículos se verán afectados por la directiva. La obligatoriedad de incluir a los autobuses entraría en conflicto con políticas de competencia estatal (ámbito social, transporte público y seguridad vial). Durante la reunión, Hungría, Estonia y Bulgaria pidieron expresamente que se excluya a los autobuses del alcance de la directiva.

Además, una mayoría clara de los Estados miembros considera que varios requisitos en la propuesta de la Comisión son demasiado prescriptivos, lo que limita la flexibilidad de éstos para elegir los instrumentos adecuados en función de las necesidades de cada país y vulnera el principio de subsidiaridad. En particular, piden poder decidir qué vehículos estarán sujetos al gravamen, elegir entre el sistema basado en el tiempo o de distancia, así como tener mayor capacidad para decir cómo invertir los ingresos derivados del gravamen (aunque hay consenso en que debería invertirse en infraestructura y transporte).

Las previsiones apuntan a la publicación de un primer borrador de acuerdo a mediados de junio. La presidencia rumana considera que será posible llegar a un posicionamiento común, aunque esto se producirá durante la próxima presidencia (probablemente en diciembre).

En cuanto a la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), el último compromiso de la presidencia cambia la naturaleza jurídica de la propuesta de un reglamento a una directiva, (la Comisión sigue insistiendo en que sea una directiva). A pesar de los avances logrados, hay una serie de cuestiones que requerirán un mayor trabajo a nivel técnico, que quedan en manos de la futura presidencia finlandesa.