Atuc pide que un 25% del alza de la tasa al diésel vaya a mejorar la movilidad real

El sistema de transporte público cuesta unos 5.000 millones de euros anuales.

La asociación del transporte público Atuc Movilidad Sostenible ha reclamado que al menos una cuarta parte del incremento recaudatorio que se obtenga por subir la fiscalidad al diésel se destine a mejorar la movilidad sostenible real, lo que pasa por destinar más recursos a la financiación del transporte público.

De esta forma, la patronal ha salido al paso del principio de acuerdo para los próximos Presupuestos Generales del Estado por el que el Gobierno y Unidos Podemos contemplan un plan de ayudas económicas para impulsar el vehículo eléctrico, financiando con al menos un 30% de lo que se ingrese de más una vez se aplique la subida impositiva del gasoil para equipararlo con la gasolina.

Concretamente, mientras el vehículo eléctrico supone una solución de movilidad todavía residual, representando el 0,7% del total de mercado con apenas 15.000 unidades en lo que va de año, el transporte público cuenta con más de 4,5 millones de usuarios habituales, lo que lo convierte en una alternativa mayoritaria. Además, destinar más recursos a mejorar el sistema podría incrementar el número de usuarios hasta los 7,5 millones.

En este sentido, si el objetivo del impuesto al diésel es modificar el comportamiento de los actores contaminantes para reducir el daño ambiental que provocan, el impuesto no sólo debería destinarse a soluciones privadas de movilidad cero emisiones, sino también a ayudar a que esta alternativa pública mayoritaria sea más sostenible y ayude a disminuir los niveles de contaminación y a luchar contra el cambio climático. Y es que el tráfico rodado origina el 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos y, de ellas, más del 90% corresponden al tránsito de vehículos privados.

De esta manera, con la parte de recaudación que reclama Atuc Movilidad Sostenible se ayudaría, por un lado, a financiar el sistema de transporte público, que cuesta unos 5.000 millones de euros anuales y necesita cubrir con recursos públicos la mitad de esta cantidad. Y por otro, a renovar la flota para hacerla más ecológica, además de mejoras de servicio como reducir la frecuencia y los tiempos de espera y viaje, una de las claves para propiciar el cambio modal y que millones de españoles utilicen el transporte público en sus desplazamientos habituales.