Los presupuestos de Montoro planean igualar al alza los impuestos sobre el gasóleo en todas las autonomías

Cristóbal Montoro entrega el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 a la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha llevado al Congreso para su trámite parlamentario incluye en su articulado la pretensión de igualar al alza la fiscalidad sobre los carburantes que soportan los ciudadanos en las diferentes comunidades autónomas.

Llegados a este punto que, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara en febrero de 2014 que el comúnmente denominado céntimo sanitario era contrario al derecho comunitario, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió suprimir esta figura impositiva y sustituirla por el Tramo Autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos, que, en la práctica, funciona del mismo modo que lo hacía el gravamen que vino a reemplazar.

Así, con la entrada en vigor de este nuevo tipo impositivo, las comunidades autónomas están facultadas para aplicar un impuesto que oscila entre los cero y los 4,8 céntimos por litro de carburante vendido en su territorio.

Las diferencias de criterio en la aplicación de este gravamen viene provocando desde hace años lo que los empresarios del sector del carburante denominan “efecto frontera”, que no es otra cosa que los consumidores -principalmente profesionales, pero también particulares- de una determinada región con un tramo autonómico elevado se trasladan a autonomías limítrofes para ahorrarse unos céntimos a la hora de llenar los depósitos de sus vehículos.

Pues, bien, el proyecto de PGE que Montoro ha entregado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, dice en su página 194 que “con el fin de garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y carburantes, se efectúa la integración del tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario”.