Los billetes cubren el 53% del coste del transporte urbano

Valencia cubre el 56,2% de sus necesidades financieras gracias a los ingresos por billete.

El sistema de transporte público urbano en España se financia en un 53% con los ingresos por billetes, siendo necesario cubrir el 47% restante con recursos y subvenciones públicas, y asegurar así no sólo la prestación del servicio, sino garantizar la movilidad a toda la población, según afirma la Asociación del Transporte Público Urbano (Atuc) a partir de los últimos datos del Observatorio de la Movilidad Metropolitana.

El estudio muestra que la ciudad con un sistema más autosuficiente es A Coruña, donde tres de cada cuatro euros son sufragados por los ingresos de los billetes. Por su parte, donde se aportan más fondos públicos en relación al coste total es Tarragona, con un 63,6%.

El informe, elaborado a partir de datos de 14 ciudades, muestra cómo Madrid es la que más ingresos tarifarios obtiene, hasta los 880,1 millones de euros, que sirven para sufragar la mitad del sistema de transporte público urbano.

En cuanto a la otra gran urbe del país, Barcelona, costea el 56,8% con lo que ingresa por billetes y abonos (sin incluir aquí datos de los autobuses metropolitanos y los tranvías). Esta cifra es prácticamente la misma que Valencia, la tercera por población, que cubre el 56,2% de sus necesidades financieras por dicha vía.

Si bien, como muestran los datos, la primera vía de financiación del sistema de transporte público es el ingreso por billete, la segunda es a través de recursos públicos casi en la misma proporción. Sin embargo, a pesar de esta importancia, lo cierto es que España carece en la actualidad de un marco legal que ordene estas subvenciones y que establezca cuánto tiene que sufragar la administración central, la autonómica y la local.

Para subsanar esta carencia, España debería desarrollar una Ley de Financiación del Transporte Público, como tiene el resto de Europa, según viene reclamando la patronal Atuc. Esta norma permitiría conocer cuántos recursos va a recibir una ciudad para financiar el sistema de transporte público con antelación y a un plazo mínimo de cinco años.