La UITP pide a Montoro una Ley de Financiación en España

El nuevo marco legal permitiría a las administraciones actuar con previsión.

La Unión Internacional de Transporte Público (UITP) ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que desarrolle una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito estatal, según ha informado la asociación Atuc. La creación y puesta en marcha de la normativa permitiría poner orden en los recursos públicos que recibe el transporte público y que actualmente costean aproximadamente la mitad del sistema.

En un escrito formal del secretario general de la UITP, Alain Flausch, se hace hincapié en que España es el único país de Europa que carece de una ley de financiación del transporte público o, lo que es lo mismo, de un marco legal que delimite las obligaciones, competencias y aportaciones de todas las administraciones. La reivindicación apoya firmemente los planteamientos realizados por Atuc desde hace años y persigue resolver el problema de la financiación del transporte público en nuestro país.

Entre otras cuestiones, la Ley de Financiación del Transporte Público permitiría a las administraciones actuar con previsión y saber en qué y cuánto pueden invertir, con un horizonte a cinco años vista. Al mismo tiempo, Atuc estima necesario encontrar otros mecanismos que ayuden a costearlo, tal como hacen por ejemplo en la actualidad Francia y Alemania.

Por otra parte, la norma vendría a resolver la falta de homogeneidad y equilibrio en el reparto de las subvenciones estatales, corrigiendo así desequilibrios entre ciudades que apenas reciben 0,05 euros por habitante, y otras en cambio superan los 20 euros. En la actualidad, la subvención se fija teniendo en cuenta principalmente el déficit del billete, que tiene un peso del 85%, pero otros factores como la demanda, la longitud de la línea y los criterios medioambientales, que a priori deberían tener más importancia en el reparto, apenas suponen el 15%.

Además, dicho marco legal establecería también un protocolo para la financiación de medidas sociales que impliquen subvención al transporte (reducción de precio o gratuidad a colectivos sensibles, tercera edad, menores, etc.), y que son cada vez más recurrentes por parte de los ayuntamientos.