Un IVA superreducido en el transporte público inyectaría 150 millones al sector, según Atuc

Atuc prevé que la demanda de transporte público crecerá un 3% en 2017.

La Asociación de Empresas Gestoras de Transporte Urbano Colectivo (Atuc) calcula que si se aplicara un tipo superreducido de IVA al transporte público se podrían inyectar 150 millones de euros al sistema con vistas a invertir en mejoras del servicio tan necesarias como la renovación de flotas, la transición hacia flotas sostenibles o la mejora de las frecuencias de paso.

En la actualidad, el transporte público tributa al IVA reducido (10%), al igual que el ocio por ejemplo, ya sea la hostelería o espectáculos deportivos. Para la patronal, se trata de una equiparación injustificada, ya que el transporte público garantiza la movilidad universal (independientemente de edad, salud física, niveles de renta, etc.) y, por tanto, debe considerarse como un bien de primera necesidad.

Este cambio en la tributación permitiría tener más recursos para afrontar el desafío actual al que se enfrenta el transporte público, que debe liderar el replanteamiento de la movilidad en las ciudades sobre las bases de la sostenibilidad y la tecnología para mejorar la experiencia de servicio de usuario.

Al mismo tiempo, el transporte público tiene ante sí el reto de hacer frente a un incremento del número de usuarios. No en vano la previsión es que este año la demanda crezca un 3% debido al mayor dinamismo de la actividad económica y la menor tasa de desempleo, una variable inversamente proporcional al aumento de viajeros.

La petición de reducir la tributación del IVA del transporte público al tipo superreducido (4%) se enmarca dentro del conjunto de medidas del Plan TP elaborado por Atuc, que recoge las propuestas del sector para liderar el cambio en la movilidad de las ciudades. En este plan se plasman, entre otras medidas, la necesidad de articular una Ley de Financiación del Transporte Público de ámbito estatal, que ponga orden los recursos que se asignan al sistema, cuyo coste anual es de aproximadamente 5.000 millones de euros y de los que alrededor de un 50% se obtiene del precio del billete y el resto de recursos públicos.