Una parada de servicio regular en Galicia.
La Consellería de Infraestructuras y Vivienda de la Xunta de Galicia ha adjudicado 38 nuevas concesiones de transporte público, la mayoría de ellas (28) a distintas uniones temporales de empresas. Entre las adjudicaciones realizadas a un solo operador destaca que la compañía Arriva Noroeste ha resultado concesionaria de tres servicios: Lugo Noroeste y Terracha, Betanzos-Eume y A Coruña-Lugo-Mariña. Entre las UTE, destaca la presencia de las empresas del grupo Monbus en al menos una decena de adjudicaciones.
El Ejecutivo autonómico ha resuelto 27 concesiones el pasado 26 de julio, mientras que los otros 11 se resolvieron al día siguiente. Además, la Consellería completará el proceso de contratación del nuevo mapa de líneas con la adjudicación de otras tres concesiones que todavía restan y que se prevé para los próximos días.
La conselleira de Infraestructuras y Vivienda, Ethel Vázquez, ha destacado que el Gobierno gallego está siguiendo la hoja de ruta trazada para garantizar que todos los ciudadanos de la región tengan transporte, independientemente del lugar en el que vivan. Además, gracias al Plan será posible darle continuidad a los empleos del sector y que las pequeñas y medianas empresas tengan participación en los contratos de servicio público.
Asimismo, Vázquez ha subrayado que la puesta en marcha en el mes de agosto de la primera fase del Plan de transporte público asegurará el funcionamiento de los servicios de autobús cuando se materialicen las renuncias de las empresas a 570 líneas de transporte.
La primera fase del Plan, según ha manifestado la conselleira, constituye “el inicio de la imprescindible modernización del transporte público que Galicia necesita”. Y añadió que el nuevo modelo que comenzará a implantarse va a permitir poner los 120 millones de euros que la Xunta destina cada al año transporte escolar al servicio de todos los gallegos.
Solamente tres de las concesiones sacadas a concurso no recibieron ofertas, todas ellas situadas en la provincia de Ourense. En estos casos, la Xunta tiene la intención de adjudicarlas de forma directa tras negociar con las empresas de la zona que habían mostrado su interés, pero que finalmente no presentaron ofertas. Se trata de los contratos de Baixa Limia, Terra de Celanova y Ourense.
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