Miguel Ruíz, en la jornada celebrada en Alicante.
Miguel Ruíz, presidente de Atuc, ha recalcado que “es necesaria una Ley de Financiación del transporte público realista” frente al sistema actual de reparto de subvenciones, que es “arbitrario y obsoleto”. Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la jornada sobre la financiación del transporte público urbano colectivo en España que se ha celebrado el pasado 3 de febrero en el Museo Arqueológico de Alicante.
Como conclusión, expuso que los transportes urbanos españoles necesitan urgentemente un nuevo modelo de financiación que sea claro, entendible y unificado. Y, sobre todo, que se trate de un modelo sostenible y previsible, de forma que permita conocer las aportaciones en un escenario de medio y largo plazo.
Ruíz desveló una propuesta de Atuc para la elaboración de una legislación, basada en “el establecimiento de un marco normativo a largo plazo, a ocho años”, subrayó. Asimismo, la patronal reclama una revisión cuatrienal de las aportaciones, extender el sistema actual de contratos programa (que se aplica únicamente a Madrid, Barcelona y Canarias) a las grandes ciudades que alcancen los 350.000 habitantes y revisar el sistema de reparto de las aportaciones públicas al resto de las ciudades, “porque es arcaico”, señaló Ruíz. La lista de las reivindicaciones se completa con la estabilidad tarifaria y un desarrollo de las políticas impositivas para captar fondos.
El presidente de Atuc comenzó su exposición resaltando la importancia del transporte público en la economía y la sociedad españolas. Se trata de un servicio que utilizan anualmente alrededor de 3.000 millones de personas en España, de los que 1.838 millones eligen el autobús para sus desplazamientos urbanos. Además, el 85% del PIB se genera en zonas urbanas, donde el transporte público es cuatro veces más económico que el automóvil privado.
Una importancia que ha venido aumentando en los últimos 30 años en las siete grandes ciudades del país, que han visto cómo la población de sus áreas metropolitanas se incrementaba en un 43%. Semejante explosión demográfica se ha resuelto fundamentalmente con el uso del vehículo privado, “pero lo que no se ha resuelto todavía es la financiación del transporte público”, añadió Ruíz, que añadió que “las reglas del juego han quedado obsoletas”.
A continuación, explicó la “ecuación de equilibrio”, que se define como gastos de explotación más inversiones igual a tarifas más aportaciones públicas. En este sentido, Ruíz aclaró que el destino de dichas aportaciones públicas al transporte se encuentra tanto en las políticas sociales como las líneas deficitarias y otras cuestiones como las iniciativas medioambientales.
Ruíz insistió en la necesidad de disponer de una Ley de Financiación que facilite la planificación de los servicios de transporte a largo plazo. “Hemos olvidado diseñar las reglas que permiten financiar la explotación de todo este sistema”, agregó.
El gerente de la EMT de Málaga volvió a subrayar que España es el único país de nuestro entorno que no dispone de una ley estatal de financiación del transporte urbano. Ruíz recalcó que en los países de Europa lo han resuelto desde hace muchos años, con leyes que van desde los contratos programa que se establecen en Alemania con los distintos estados federados hasta el “impuesto del transporte” que las grandes empresas deben abonar en Francia para sufragar el impacto de sus actividades en la movilidad.
Además, Miguel Ruíz aprovechó para anunciar que la asociación que preside ha encargado la elaboración de un borrador de la Ley de Financiación. La iniciativa persigue “ganar tiempo” tras la lentitud demostrada por la administración en atender una reivindicación que ya amenaza con considerarse como histórica. Menospreciando las dificultades que todavía quedan en el trayecto, Ruíz se mostró claramente optimista: “creemos que va a salir adelante”, manifestó.
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